#MacriChau: La salud pública como un negocio

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Uganda, Mali, Etiopía, Haití y, desde septiembre de 2018, también Argentina, es la lista de los países que no tienen Ministerio de Salud Nacional. Su degradación a Secretaría por parte del gobierno macrista no fue un mero acto administrativo, sino que actuó como símbolo de lo que esta gestión hizo en materia de salud pública: su vaciamiento constante en pos de los requerimientos del Fondo Monetario Internacional y del fortalecimiento de los negociados del sector privado.

Por Darío Cavacini, da Marcha Notícias 

Con esta decisión, tomada por decreto un domingo por la tarde y comunicada formalmente al día siguiente, Mauricio Macri se transformó en el primer presidente elegido democráticamente en eliminar este Ministerio. Los anteriores habían sido los dictadores Pedro Aramburu en 1955 y Juan Carlos Onganía en 1966.

Este retroceso institucional histórico, que redujo considerablemente los presupuestos de áreas sensibles para el acceso a la salud de miles de personas en todo el país, no sólo afectó al área sanitaria, sino que también fueron degradados a Secretaría (con la consecuente reducción y subejecución presupuestaria) los Ministerios de Ciencia y Tecnología, Cultura, Energía, Agroindustria, Turismo, Ambiente, Trabajo y Modernización.

El presupuesto sanitario, desde la asunción de esta gestión saliente, se ha visto reducido año tras año, quedando siempre varios puntos por debajo del índice de inflación. Este ajuste se puede pensar desde dos perspectivas. Por un lado, en el mecanismo de la elaboración de los presupuestos; en este aspecto, la gestión macrista no ejecutó los mecanismos administrativos necesarios para actualizarlos en función de la inflación anual y de las necesidades de la población, sino que se fue replicando el del año anterior sin tener en cuenta estos factores. El otro punto se centra en la ejecución de los mismos, donde en general se han autorizado partidas presupuestarias que no llegaron a cubrir las necesidades básicas de la población, quedando incluso varios millones a pagar por la gestión de Alberto Fernández.

La reducción presupuestaria tiene, en términos concretos, efectos nocivos para la salud de la población en general, y estas decisiones en particular han afectado a los sectores más vulnerables, quienes vieron disminuidas sus posibilidades de acceder a un sistema de salud público, gratuito y de calidad.

Foto: Darío Cavacini

Es necesario repasar algunos de estos efectos, pensados desde el nivel central de la cartera sanitaria, sin desconocer las particularidades con las que estos procesos se han llevado adelante en cada una de las provincias y municipios, para tener en claro los alcances de una gestión que se ha preocupado más por el marketing que por proponer y sustentar planes, proyectos y programas reales que mejoren la calidad de vida y la accesibilidad a los sistemas de salud de la población.

En relación a la compra de medicamentos, se han producido dos hechos significativos. Por un lado, la dolarización de su precio, que hizo que año tras año sea más dificultoso la compra de los mismos, ya que los presupuestos no se han actualizado en función de esta realidad (aun cuando administrativamente se podría haber realizado). Por otro lado, la no-exención de impuestos aduaneros a los insumos que salud importa, lo que genera que un porcentaje grande del presupuesto vuelva circularmente a ser parte de la recaudación fiscal,  dificultando aún más la compra de los mismos por su alto valor agregado.

Estas dificultades creadas por el desinterés de la propia gestión han generado la falta de accesibilidad a medicamentos para el tratamiento continuado y sostenido de tuberculosis, HIV y otras enfermedades de trasmisión sexual y la imposibilidad de compra de los insumos necesarios para llevar adelante estrategias de APS para la prevención de las mismas y para ser distribuidos gratuitamente en los centros de salud (preservativos, tests de embarazo, métodos anticonceptivos varios, misoprostol, hormonas, DIUs, etc).

Tampoco se han podido realizar en su totalidad las compras necesarias de medicamentos para virus respiratorios (especialmente los dirigidos a los sectores de la población más vulnerables en relación a este problemática: niños/as y adultos/as mayores), medicamentos oncológicos y medicamentos esenciales (aquellos que cubren las necesidades de atención de salud prioritarias).

Estos recortes han impedido las compras de las vacunas que completan el calendario nacional (uno de los más completos de América Latina según la OMS). En 2018 se dio el ejemplo más claro de esta política de ajuste, al quitarse el refuerzo contra el meningococo para niñas y niños de 11 años, en medio de la aparición de nuevos casos que pusieron en riesgo la salud de miles de personas en todo el país. Además, durante estos cuatro años, casi no se entregaron descartables ni otros insumos, no se pagaron programas de capacitación profesional y se redujo a más de la mitad la cantidad de vacunadores/as, médicos/as, psicólogos/as y personal administrativo del Programa Médicos Comunitarios.

Foto: Darío Cavacini

Vinculado con el desfinanciamiento del calendario vacunatorio, la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación mostró su preocupación por registrarse, en noviembre de 2019, más de 60 casos de sarampión, el mayor número desde el año 2000. Los afectados fueron principalmente niñas y niños menores de un año. A pesar de que no existe un tratamiento específico para esta enfermedad, la vacuna Triple Viral (Sarampión-Rubéola-Paperas) es la que se utiliza para su prevención y una de las que más se han registrado faltantes a nivel nacional.

No han habido políticas públicas suficientes en relación a la prevención de enfermedades como Chagas, zika, chikunguya, fiebre amarilla, hanta virus (en enero de 2019 se registró un brote en Chubut que se cobró la vida de más de una docena de personas) y dengue (registrándose en 2016 la peor epidemia de la historia de nuestro país, con más 40.000 casos).

En relación a las políticas de género implementadas, se han visto fuertemente afectadas, a pesar de la constante tarea y compromiso sostenido por las trabajadoras de esa área. Entre las más relevantes se puede mencionar, como ejemplificadora de la gestión, la escasa articulación entre los diferentes programas y direcciones vinculadas con esta temática, tanto a nivel central como en las diferentes instancias regionales. Se ha producido, de manera consciente y deliberada, la reducción de las compras de métodos anticonceptivos y de medicamentos necesarios para llevar adelante los procesos de hormonización para las personas trans y se ha cerrado el programa Qunita que brindaba asistencia a la madre del/la recién nacida/o.

Sobre el debate acerca de la interrupción legal del embarazo, más allá de que el por entonces Ministro de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein se había pronunciado a favor de su aprobación en el debate de 2018, no hubo a nivel institucional expediciones para pensar cómo abordarla en términos de problemática de salud pública. Como punto final de esta falta de políticas públicas, se produjo la derogación del protocolo de interrupción legal del embarazo, a pesar de que la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva había realizado un trabajo de meses con una fuerte articulación inter y multisectorial para actualizarla en concordancia con el fallo FAL, actualizando el protocolo vigente desde 1921.

El área de discapacidad ha sido una de las más afectadas en este último tiempo. Hacia finales de 2018 se produjo su descentralización, es decir, dejó de depender del ex Ministerio de Salud para quedar baja la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad a cargo de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Durante su gestión se produjeron la baja de miles de pensiones no contributivas (sin evaluación mediante de las situaciones particulares, aumentando la vulnerabilidad de las personas que las percibían), la discontinuidad de los tratamientos terapéuticos por falta y/o atraso en los pagos a las instituciones de salud y significativos faltantes en psicofármacos y medicamentos varios.

El deterioro de las instituciones públicas de salud fue otro de los puntos sobresalientes de la gestión, con infraestructuras abandonadas por obras paralizadas o suspendidas, falta de insumos básicos, precarización laboral de sus trabajadores/as y despidos masivos. Quizás los ejemplos más significativos hayan sido los de los hospitales dependientes del área central de la cartera sanitaria como el Garrahan y el Posadas. Este último establecimiento de alta complejidad, reconocido a nivel regional por la calidad de sus prestaciones, ha sufrido más de 800 despidos que afectaron directamente a las áreas de enfermería, anatomía patológica, farmacia, neumología, cardiología infantil, neurocirugía y otras.

Foto: Darío Cavacini

Como corolario de gestión, durante estos cuatro años se produjeron miles de despidos, tanto en el área central como en los diferentes ministerios provinciales, encubiertos en su gran mayoría como no renovación de contratos y jubilaciones anticipadas. Se han precarizado las condiciones laborales, con contratos monotributistas y tercerizados de corta duración, atraso en el cobro de los sueldos y viáticos (llegando en algunos casos a estar más de un año sin cobrar) suspensiones de tareas y el vaciamiento de direcciones y secretarías nacionales, provinciales y municipales. El punto de cierre de estas políticas ha sido la reciente represión sufrida por concurrentes y residentes a manos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Nunca se contó con un plan de acción ni evaluación detallada de la situación socio-sanitaria a nivel nacional ni regional que permita dirigir las políticas públicas hacia alguna dirección, estableciendo prioridades de acuerdo a las necesidades de la población y en base a eso pensar la prescindencia, continuidad o transformación de algunas funciones y programas.

Si bien han habido diferencias en las dos gestiones en salud que llevó adelante el gobierno macrista en estos cuatro años (Jorge Lemus fue Ministro de Salud entre 2015 y 2017 y Adolfo Rubinstein -primero Ministro, luego Secretario de Salud- entre 2018 y 2019) la lógica imperante no ha cambiado su tónica: siempre estuvo dispuesta a cumplir a rajatabla los imperativos del FMI que proponía reducir paulatinamente el gasto en materia de salud en concordancia con las políticas neoliberales de vaciamiento. Basta ver lo números oficiales de los presupuestos sanitarios de estos últimos cuatro años y compararlos con los números oficiales del INDEC en relación al índice inflacionario en ese mismo período.

El desinterés por mejorar el sistema público de salud para que sea accesible a la mayoría de la población fue quizás el aspecto más significativo de una gestión de CEOs preocupada siempre por sus propios intereses en desmedro de las necesidades y derechos de las grandes mayorías populares.

Para pensar en una salud pública con la calidad y la amplitud necesaria para dar respuesta a las necesidades más apremiantes de la población, hay que volver al pensamiento siempre vigente de Ramón Carrillo, quien enunciaba: “El derecho a la salud es uno de los más olvidados, y sin embargo, el más trascendente, porque se vincula con la dignidad de la persona humana, con la vida colectiva, con la economía nacional e internacional. No es aventurado afirmar que la salud de los pueblos es una condición fundamental para lograr su seguridad social y su paz”.

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