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En el contexto de ofensiva neoliberal que se desplegó en los últimos años en Nuestra América, en diciembre de 2015 Mauricio Macri asumió como presidente de la Argentina por la alianza de derecha Cambiemos. Cumplido ya su mandato, realizamos aquí una evaluación preliminar de sus políticas en economía en estos cuatro años.
Por Paula Belloni e Francisco Cantamutto, da Marcha Notícias
En 2015, Argentina enfrentaba algunos problemas vinculados al estancamiento de la economía, el agravamiento de la restricción externa, déficit fiscal, cierta inflación y menor generación de empleo junto con el estancamiento y/o la caída de los salarios reales, por referir algunos. Lo que Cambiemos denominó “la pesada herencia” de nuestra parte lo llamamos los límites del programa kirchnerista, y consideramos que tenía diferentes alternativas. El nuevo gobierno, en cambio, propuso viejas recetas: ajuste, desregulación y liberalización.
De acuerdo con los problemas que el gobierno expresó que iba a resolver, y en función de las iniciativas de política económica llevadas adelante, el esquema económico de Cambiemos puede ser presentado bajo 5 grandes ejes macroeconómicos: monetario-cambiario, fiscal, inserción externa, trabajo y endeudamiento. En cada uno de ellos se ven tensiones vinculadas con la acumulación dependiente y con las clases sociales y fracciones de clase que encarnan la disputa política. Veamos una por una.
Política monetaria-cambiaria
Al asumir el gobierno de Cambiemos elevó la tasa de interés fijándola a niveles muy altos y desreguló el sistema financiero para que los capitales puedan entrar y salir sin costos y, prácticamente, sin plazos. En ese contexto, las letras del Tesoro y las del Banco Central se plantearon como una alternativa fácil y rentable. Esta iniciativa pretendía ser al mismo tiempo una alternativa al dólar (al tentar a los capitales a quedarse en pesos) y además reducir la circulación monetaria, bajo la premisa de que ésta es la que generaba inflación.
¿Qué resultado hubo? La inflación claramente no se resolvió en estos años, sino que desde el inicio del gobierno los precios internos no pararon de aumentar y hasta octubre de 2019 acumularon una suba superior al 260%. La inflación probó no ser principalmente un problema de emisión, contra el mantra neoliberal. Las subas de precios fueron impulsadas por las devaluaciones y tarifazos, incrementando en especial el precio de alimentos, servicios públicos y energía, provocando un mayor deterioro de los ingresos en los sectores más pobres.
En cambio, el resultado fue un crecimiento de la rentabilidad financiera y el regreso de la “bicicleta financiera” (o “carry-trade”) que la desregulación y la liberalización habilitaron. A su vez, hubo un desplazamiento de la inversión productiva y una acumulación enorme de Lebacs que, cuando superaron la base monetaria y las reservas del Banco Central en dólares, fueron reemplazadas por otra bomba, las Leliq, cuya tenencia se limitó a los bancos y ya representan una nueva bola de nieve que amenaza el sistema.
¿Cuáles fueron los sectores que ganaron? Si pensamos en el bloque que sustenta a Cambiemos, claramente el capital financiero especulativo. Los más desfavorecidos fueron el capital industrial por el desplazamiento de la inversión y lxs trabajadorxs, debido al estancamiento y caída de la producción y del trabajo.
Política Fiscal
La política fiscal estuvo orientada a reducir el déficit fiscal. Para alcanzar tal objetivo, el gobierno llevó adelante un ajuste sistemático del gasto público. Desde muy temprano la reducción del gasto se manifestó en el trabajo estatal con una ola de despidos, que además fue acompañada de una gran estigmatización. En 2019, la caída acumulada de la masa salarial desde que asumió Cambiemos cerrará cercana al 20%. Además, también se redujo sustancialmente el gasto en áreas sociales fundamentales, tales como Educación y Cultura, Salud, Ciencia y Técnica y Prestaciones de la Seguridad Social (luego de que la ley de Reparación Histórica modificó la fórmula de movilidad). Este ajuste respondió a una reducción y reorientación de las capacidades estatales, ya que al tiempo que estas áreas clave se desfinanciaron, se crearon otras que absorbieron los recursos, como Modernización.
También se redujeron los subsidios a las empresas prestadoras de servicios -a las que se les liberalizó la fijación de tarifas- y hubo un ajuste fenomenal en la obra pública. En paralelo, y a partir del enorme proceso de endeudamiento, el gasto en intereses de la deuda se duplicó, ascendiendo a un valor cercano a lo que se paga en masa salarial.
La reducción selectiva del gasto estuvo acompañada de una menor recaudación, dada por la eliminación y/o reducción de impuestos, tales como los derechos a la exportación a la minería, el sector agropecuario (entre otros), ganancias y bienes personales, que volvieron la estructura tributaria aún más regresiva y repercutieron negativamente en los ingresos públicos. Este desfinanciamiento buscó ser compensado con el blanqueo de capitales (Ley N° 27.260), y más recientemente, con la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), la venta de activos del Estado y la aplicación de nuevas retenciones bajo una modalidad más laxa. Pero el déficit fiscal financiero no sólo no se redujo, sino que aumentó.
Los ganadores de la política fiscal fueron las empresas de servicios públicos por los incrementos desorbitantes de tarifas y los sectores exportadores desgravados del agro y minería. ¿Los perdedores? En principio, lxs trabajadorxs estatales, porque además de la pérdida salarial, las condiciones de trabajo se precarizaron, ya que las incorporaciones se hicieron bajo modalidad de contratos temporales. También lxs jubiladxs fueron profundamente afectados, así como las PyMES y hogares, producto de los tarifazos.
Inserción externa
En el sector externo Cambiemos apostó a ser el “supermercado del mundo” y a generar una “lluvia de inversiones” para atraer capital extranjero. Aquí tampoco se dieron los resultados esperados. En una economía mundial en crisis, en la que las principales potencias se encuentran en una intermitente guerra económica, las exportaciones no aumentaron, aunque sí se produjo una reprimarización de la canasta exportadora. En cambio, por la mayor apertura y desregulación, crecieron las importaciones, incluso en el marco de recesión de la economía local. Esto dio lugar a uno de los déficits comerciales más grandes de nuestra historia en 2017, que se sostuvo en un nivel elevado en 2018. Respecto del capital extranjero, las inversiones extranjeras directas no tuvieron cambios cuantitativos significativos, pero sí lo hizo la remisión de utilidades al exterior, por lo que no hubo un aporte de ahorro externo o “lluvia de capitales” como esperaba el gobierno.
¿Cuáles sectores fueron los más favorecidos con estas medidas? Los capitales más concentrados del agro, la minería y el sector energético (ligado a Vaca Muerta). Los perdedores fueron, nuevamente, el capital industrial y lxs trabajadorxs.
Trabajo
El gobierno argumentó que la Argentina sufría una pérdida de competitividad debido a los elevados salarios en dólares y, por ende, se propuso reducirlos para ganar mercados externos. En primer lugar, la temprana ofensiva contra lxs trabajadorxs estatales significó un gesto político hacia el sector privado, una especie de señal de vía libre para despedir tomando como ejemplo al sector público. A su vez, como consecuencia de las medidas de ajuste que resultaron en una contracción económica considerable en 3 de los 4 años de gobierno, el mercado de trabajo se deterioró en todos los sentidos: se produjo un fuerte incremento de la desocupación -prácticamente duplicándose en 4 años- y un deterioro general de las condiciones de trabajo que afectaron en especial a algunos sectores tales como las mujeres, personas LGBTTIQ y jóvenes. Además se destruyeron puestos asalariados formales y fueron reemplazados solo en parte por más empleos autónomos, con menores derechos y prestaciones.
El escenario de despidos en el sector público y privado buscó, a su vez, crear un contexto “hostil” para la discusión salarial de quienes conservaron sus empleos. El gobierno vetó una ley anti-despidos aprobada en el Congreso en 2016, mostrando esta intención. Al inicio de la gestión resultó inviable atar la pauta salarial a la productividad en un contexto inflacionario y con sindicatos relativamente fuertes, y la búsqueda constante por cerrar paritarias por debajo de la inflación fue perforada en varias ocasiones producto de la movilización sindical. Sin embargo, lxs trabajadorxs sufrieron una creciente pérdida salarial en estos años.
A pesar de lo anterior, el gobierno no logró avanzar con la reforma laboral que se propuso, y lo hizo muy parcialmente con la reforma previsional. Tampoco pudo pasar la flexibilizadora ley de empleo joven. Tuvo más suerte en lograr introducir cláusulas de flexibilización en ciertos convenios, siendo el de petroleros en yacimientos no convencionales el más importante.
Por esta ofensiva directa, claro está, resultamos grandes perdedores el conjunto de lxs trabajadorxs, que hemos transferido una gran masa de excedente hacia los ganadores de la etapa.
Deuda
Los fracasos y las contradicciones económicas derivadas de los 4 bloques mencionados pudieron ser relativizados con un costoso “salvavidas” de endeudamiento. Esto implicó acordar con los fondos buitres y atender todos sus reclamos y a partir de ahí llevar a cabo un proceso de endeudamiento acelerado. La deuda pública total pasó de un 52,6% del PBI en 2015 a un 80,7% al segundo trimestre de 2019. Si tomamos la deuda pública externa, pasó del 13,9% del producto al 40,1%. Un proceso de endeudamiento fenomenal que elevó la parte en moneda extranjera y a corto plazo. Esto tiene como contraparte la enorme carga de intereses y vencimientos que entre 2020-2023 ascienden a más de US$200.000 millones.
¿Para qué sirvió el endeudamiento? Básicamente, para garantizar una redistribución regresiva del ingreso. La enorme deuda asumida es fundamentalmente la contracara de la bicicleta financiera. Los capitales entran, invierten en instrumentos financieros locales, ganan con altas tasas de interés, compran dólares y se vuelven a ir, sin dejar nada en el país. Salvo deuda. A su vez, el endeudamiento financió la remisión de utilidades de las empresas extranjeras, pagos de deuda y, durante el período 2016-2017, el turismo en el extranjero y las compras de bienes importados para una parte de la población. Una parte sirvió también para cubrir el déficit fiscal ocasionado por las regresivas reformas impositivas que redujeron los ingresos.
A modo de balance, los grandes ganadores de esta política vuelven a ser los capitales financieros, donde incluimos bancos, fondos de inversión, grandes empresas supuestamente “productivas”, e incluso el retorno de los llamados “fondos buitres”. En una menor medida, también lo son las grandes empresas que aprovecharon este subsidio a la salida de capitales por diversas vías, y aquella parte de la población que con ingresos medio-altos pudo participar de las mieles del modelo durante sus primeros dos años.
Un final crítico
La batería de medidas económicas bajo el gobierno de Cambiemos significaron una masiva transferencia de ingresos regresiva y sumieron al país en una crisis que al terminar el mandato combina el peor escenario económico: contracción de la actividad con elevados niveles de inflación. La economía argentina, con los últimos datos disponibles, es algo más de un 4% más pequeña que en 2015. Esta caída es aún más fuerte en los sectores productores de bienes, como la industria y la construcción. En cuanto a la inflación, que se señalaba como un problema de simple resolución, la misma alcanzó en 2018 y 2019 los mayores niveles desde 1991.
Las inconsistencias de este programa son las que llevaron a la crisis, que se expresó en el estallido de abril de 2018. Esto fue utilizado para volver a cerrar un acuerdo, tras una década y media, con el FMI, que galvanizara el programa de ajuste. Se ponía fin así a lo que se había presentado como “gradualismo”, que era el mismo programa pero aplicado a menor velocidad que la esperada por ciertos sectores del capital más concentrado. La presencia del FMI sólo incrementó la deuda y dio aire al gobierno para completar su mandato, sin ningún beneficio para el pueblo argentino. Y a pesar de la búsqueda por mayores reformas, el gobierno de Cambiemos no logró avanzar en nuevas leyes como la laboral y la previsional, la suscripción de más acuerdos de libre comercio, la profundización de la apertura comercial, la desregulación de las finanzas, entre otras.
Cambiemos aplicó un ajuste social brutal e intentó avanzar en reformas estructurales más profundas, que fueron limitadas por la resistencia social. Esta misma incapacidad de profundizar el ajuste con legitimidad social lo llevó a una creciente deriva represiva, que se alinea con otros procesos políticos de la región pero sin lograr contener la creciente impugnación social, que se expresó también en las urnas con la derrota en las elecciones presidenciales.
El programa neoliberal, sin embargo, deja claros ganadores y perdedores. Los capitales financieros están en la cúspide del éxito, usufructuando el sufrimiento de todo un país -y aquí no solo se incluyen bancos y fondos, sino también una cúpula empresarial crecientemente financierizada-. Las fracciones que se ubican en la prestación de servicios públicos o con precios regulados y las fracciones primario-exportadoras completan el arco de claros beneficiarios de la etapa.
En el vértice opuesto están las mayorías populares, incluyendo a la clase trabajadora en sus distintas especificidades: personas que viven de su capacidad de trabajar, que reciben asignaciones, jubiladas y pensionadas. Las mujeres, personas LGBTTIQ y lxs jóvenes fueron particularmente afectadxs, tanto por los cambios en el mercado como por el desmantelamiento de políticas sociales específicas.
Por la fuerte caída en nuestras condiciones de vida, el mercado interno se ha visto muy resentido. En un segundo orden, se puede ubicar como perdedores de la etapa a los sectores PyME del empresariado y, en especial, a los que se ubican en la industria y la construcción. Llamamos la atención sobre esto último, pues el efecto político de ello ha sido el tránsito a la oposición al saliente oficialismo de una parte del empresariado, que espera mejorar su situación en el próximo gobierno.
A pesar de este mapa, debemos resaltar que las contradicciones propias del propio esquema económico, junto con la resistencia social, hicieron que Cambiemos no pueda completar la tarea que se propuso, lo que generó malestar en el sector social que representa. Las demandas del capital más concentrado siguen vigentes y están representadas en las exigencias de los acreedores: reforma laboral, impositiva, previsional, privatizaciones, apertura de la economía y desprotección de los bienes comunes. La presión por este programa continuará en los años que vienen, marcando la agenda. Dependerá de las organizaciones populares continuar la tarea de impugnación y sumarle, ahora, el planteo de una agenda propia.
