Conecte-se conosco

América Latina e Mundo

#MacriChau: La economía de Cambiemos, una nueva ofensiva neoliberal

Publicadoo

em

Clique para traduzir automaticamente. Basta selecionar o país próximo a manchete.

En el contexto de ofensiva neoliberal que se desplegó en los últimos años en Nuestra América, en diciembre de 2015 Mauricio Macri asumió como presidente de la Argentina por la alianza de derecha Cambiemos. Cumplido ya su mandato, realizamos aquí una evaluación preliminar de sus políticas en economía en estos cuatro años.

Por Paula Belloni e Francisco Cantamutto, da Marcha Notícias 

En 2015, Argentina enfrentaba algunos problemas vinculados al estancamiento de la economía, el agravamiento de la restricción externa, déficit fiscal, cierta inflación y menor generación de empleo junto con el estancamiento y/o la caída de los salarios reales, por referir algunos. Lo que Cambiemos denominó “la pesada herencia” de nuestra parte lo llamamos los límites del programa kirchnerista, y consideramos que tenía diferentes alternativas. El nuevo gobierno, en cambio, propuso viejas recetas: ajuste, desregulación y liberalización.

De acuerdo con los problemas que el gobierno expresó que iba a resolver, y en función de las iniciativas de política económica llevadas adelante, el esquema económico de Cambiemos puede ser presentado bajo 5 grandes ejes macroeconómicos: monetario-cambiario, fiscal, inserción externa, trabajo y endeudamiento. En cada uno de ellos se ven tensiones vinculadas con la acumulación dependiente y con las clases sociales y fracciones de clase que encarnan la disputa política. Veamos una por una.

Política monetaria-cambiaria

Al asumir el gobierno de Cambiemos elevó la tasa de interés fijándola a niveles muy altos y desreguló el sistema financiero para que los capitales puedan entrar y salir sin costos y, prácticamente, sin plazos. En ese contexto, las letras del Tesoro y las del Banco Central se plantearon como una alternativa fácil y rentable. Esta iniciativa pretendía ser al mismo tiempo una alternativa al dólar (al tentar a los capitales a quedarse en pesos) y además reducir la circulación monetaria, bajo la premisa de que ésta es la que generaba inflación.

¿Qué resultado hubo? La inflación claramente no se resolvió en estos años, sino que desde el inicio del gobierno los precios internos no pararon de aumentar y hasta octubre de 2019 acumularon una suba superior al 260%. La inflación probó no ser principalmente un problema de emisión, contra el mantra neoliberal. Las subas de precios fueron impulsadas por las devaluaciones y tarifazos, incrementando en especial el precio de alimentos, servicios públicos y energía, provocando un mayor deterioro de los ingresos en los sectores más pobres.

En cambio, el resultado fue un crecimiento de la rentabilidad financiera y el regreso de la “bicicleta financiera” (o “carry-trade”) que la desregulación y la liberalización habilitaron. A su vez, hubo un desplazamiento de la inversión productiva y una acumulación enorme de Lebacs que, cuando superaron la base monetaria y las reservas del Banco Central en dólares, fueron reemplazadas por otra bomba, las Leliq, cuya tenencia se limitó a los bancos y ya representan una nueva bola de nieve que amenaza el sistema.

¿Cuáles fueron los sectores que ganaron? Si pensamos en el bloque que sustenta a Cambiemos, claramente el capital financiero especulativo. Los más desfavorecidos fueron el capital industrial por el desplazamiento de la inversión y lxs trabajadorxs, debido al estancamiento y caída de la producción y del trabajo.

Política Fiscal

La política fiscal estuvo orientada a reducir el déficit fiscal. Para alcanzar tal objetivo, el gobierno llevó adelante un ajuste sistemático del gasto público. Desde muy temprano la reducción del gasto se manifestó en el trabajo estatal con una ola de despidos, que además fue acompañada de una gran estigmatización. En 2019, la caída acumulada de la masa salarial desde que asumió Cambiemos cerrará cercana al 20%. Además, también se redujo sustancialmente el gasto en áreas sociales fundamentales, tales como Educación y Cultura, Salud, Ciencia y Técnica y Prestaciones de la Seguridad Social (luego de que la ley de Reparación Histórica modificó la fórmula de movilidad). Este ajuste respondió a una reducción y reorientación de las capacidades estatales, ya que al tiempo que estas áreas clave se desfinanciaron, se crearon otras que absorbieron los recursos, como Modernización.

También se redujeron los subsidios a las empresas prestadoras de servicios -a las que se les liberalizó la fijación de tarifas- y hubo un ajuste fenomenal en la obra pública. En paralelo, y a partir del enorme proceso de endeudamiento, el gasto en intereses de la deuda se duplicó, ascendiendo a un valor cercano a lo que se paga en masa salarial.

La reducción selectiva del gasto estuvo acompañada de una menor recaudación, dada por la eliminación y/o reducción de impuestos, tales como los derechos a la exportación a la minería, el sector agropecuario (entre otros), ganancias y bienes personales, que volvieron la estructura tributaria aún más regresiva y repercutieron negativamente en los ingresos públicos. Este desfinanciamiento buscó ser compensado con el blanqueo de capitales  (Ley N° 27.260), y más recientemente, con la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), la venta de activos del Estado y la aplicación de nuevas retenciones bajo una modalidad más laxa. Pero el déficit fiscal financiero no sólo no se redujo, sino que aumentó.

Los ganadores de la política fiscal fueron las empresas de servicios públicos por los incrementos desorbitantes de tarifas y los sectores exportadores desgravados del agro y minería. ¿Los perdedores? En principio, lxs trabajadorxs estatales, porque además de la pérdida salarial, las condiciones de trabajo se precarizaron, ya que las incorporaciones se hicieron bajo modalidad de contratos temporales. También lxs jubiladxs fueron profundamente afectados, así como las PyMES y hogares, producto de los tarifazos.

Inserción externa

En el sector externo Cambiemos apostó a ser el “supermercado del mundo” y a generar una “lluvia de inversiones” para atraer capital extranjero. Aquí tampoco se dieron los resultados esperados. En una economía mundial en crisis, en la que las principales potencias se encuentran en una intermitente guerra económica, las exportaciones no aumentaron, aunque sí se produjo una reprimarización de la canasta exportadora. En cambio, por la mayor apertura y desregulación, crecieron las importaciones, incluso en el marco de recesión de la economía local. Esto dio lugar a uno de los déficits comerciales más grandes de nuestra historia en 2017, que se sostuvo en un nivel elevado en 2018. Respecto del capital extranjero, las inversiones extranjeras directas no tuvieron cambios cuantitativos significativos, pero sí lo hizo la remisión de utilidades al exterior, por lo que no hubo un aporte de ahorro externo o “lluvia de capitales” como esperaba el gobierno.

¿Cuáles sectores fueron los más favorecidos con estas medidas? Los capitales más concentrados del agro, la minería y el sector energético (ligado a Vaca Muerta). Los perdedores fueron, nuevamente, el capital industrial y lxs trabajadorxs.

Trabajo

El gobierno argumentó que la Argentina sufría una pérdida de competitividad debido a los elevados salarios en dólares y, por ende, se propuso reducirlos para ganar mercados externos. En primer lugar, la temprana ofensiva contra lxs trabajadorxs estatales significó un gesto político hacia el sector privado, una especie de señal de vía libre para despedir tomando como ejemplo al sector público. A su vez, como consecuencia de las medidas de ajuste que resultaron en una contracción económica considerable en 3 de los 4 años de gobierno, el mercado de trabajo se deterioró en todos los sentidos: se produjo un fuerte incremento de la desocupación -prácticamente duplicándose en 4 años- y un deterioro general de las condiciones de trabajo que afectaron en especial a algunos sectores tales como las mujeres, personas LGBTTIQ y jóvenes. Además se destruyeron puestos asalariados formales y fueron reemplazados solo en parte por más empleos autónomos, con menores derechos y prestaciones.

El escenario de despidos en el sector público y privado buscó, a su vez, crear un contexto “hostil” para la discusión salarial de quienes conservaron sus empleos. El gobierno vetó una ley anti-despidos aprobada en el Congreso en 2016, mostrando esta intención. Al inicio de la gestión resultó inviable atar la pauta salarial a la productividad en un contexto inflacionario y con sindicatos relativamente fuertes, y la búsqueda constante por cerrar paritarias por debajo de la inflación fue perforada en varias ocasiones producto de la movilización sindical. Sin embargo, lxs trabajadorxs sufrieron una creciente pérdida salarial en estos años.

A pesar de lo anterior, el gobierno no logró avanzar con la reforma laboral que se propuso, y lo hizo muy parcialmente con la reforma previsional. Tampoco pudo pasar la flexibilizadora ley de empleo joven. Tuvo más suerte en lograr introducir cláusulas de flexibilización en ciertos convenios, siendo el de petroleros en yacimientos no convencionales el más importante.

Por esta ofensiva directa, claro está, resultamos grandes perdedores el conjunto de lxs trabajadorxs, que hemos transferido una gran masa de excedente hacia los ganadores de la etapa.

Deuda

Los fracasos y las contradicciones económicas derivadas de los 4 bloques mencionados pudieron ser relativizados con un costoso “salvavidas” de endeudamiento. Esto implicó acordar con los fondos buitres y atender todos sus reclamos y a partir de ahí llevar a cabo un proceso de endeudamiento acelerado. La deuda pública total pasó de un 52,6% del PBI en 2015 a un 80,7% al segundo trimestre de 2019. Si tomamos la deuda pública externa, pasó del 13,9% del producto al 40,1%. Un proceso de endeudamiento fenomenal que elevó la parte en moneda extranjera y a corto plazo. Esto tiene como contraparte la enorme carga de intereses y vencimientos que entre 2020-2023 ascienden a más de US$200.000 millones.

¿Para qué sirvió el endeudamiento? Básicamente, para garantizar una redistribución regresiva del ingreso. La enorme deuda asumida es fundamentalmente la contracara de la bicicleta financiera. Los capitales entran, invierten en instrumentos financieros locales, ganan con altas tasas de interés, compran dólares y se vuelven a ir, sin dejar nada en el país. Salvo deuda. A su vez, el endeudamiento financió la remisión de utilidades de las empresas extranjeras, pagos de deuda y, durante el período 2016-2017, el turismo en el extranjero y las compras de bienes importados para una parte de la población. Una parte sirvió también para cubrir el déficit fiscal ocasionado por las regresivas reformas impositivas que redujeron los ingresos.

A modo de balance, los grandes ganadores de esta política vuelven a ser los capitales financieros, donde incluimos bancos, fondos de inversión, grandes empresas supuestamente “productivas”, e incluso el retorno de los llamados “fondos buitres”. En una menor medida, también lo son las grandes empresas que aprovecharon este subsidio a la salida de capitales por diversas vías, y aquella parte de la población que con ingresos medio-altos pudo participar de las mieles del modelo durante sus primeros dos años.

Un final crítico

La batería de medidas económicas bajo el gobierno de Cambiemos significaron una masiva transferencia de ingresos regresiva y sumieron al país en una crisis que al terminar el mandato combina el peor escenario económico: contracción de la actividad con elevados niveles de inflación. La economía argentina, con los últimos datos disponibles, es algo más de un 4% más pequeña que en 2015. Esta caída es aún más fuerte en los sectores productores de bienes, como la industria y la construcción. En cuanto a la inflación, que se señalaba como un problema de simple resolución, la misma alcanzó en 2018 y 2019 los mayores niveles desde 1991.

Las inconsistencias de este programa son las que llevaron a la crisis, que se expresó en el estallido de abril de 2018. Esto fue utilizado para volver a cerrar un acuerdo, tras una década y media, con el FMI, que galvanizara el programa de ajuste. Se ponía fin así a lo que se había presentado como “gradualismo”, que era el mismo programa pero aplicado a menor velocidad que la esperada por ciertos sectores del capital más concentrado. La presencia del FMI sólo incrementó la deuda y dio aire al gobierno para completar su mandato, sin ningún beneficio para el pueblo argentino. Y a pesar de la búsqueda por mayores reformas, el gobierno de Cambiemos no logró avanzar en nuevas leyes como la laboral y la previsional, la suscripción de más acuerdos de libre comercio, la profundización de la apertura comercial, la desregulación de las finanzas, entre otras.

Cambiemos aplicó un ajuste social brutal e intentó avanzar en reformas estructurales más profundas, que fueron limitadas por la resistencia social. Esta misma incapacidad de profundizar el ajuste con legitimidad social lo llevó a una creciente deriva represiva, que se alinea con otros procesos políticos de la región pero sin lograr contener la creciente impugnación social, que se expresó también en las urnas con la derrota en las elecciones presidenciales.

El programa neoliberal, sin embargo, deja claros ganadores y perdedores. Los capitales financieros están en la cúspide del éxito, usufructuando el sufrimiento de todo un país -y aquí no solo se incluyen bancos y fondos, sino también una cúpula empresarial crecientemente financierizada-. Las fracciones que se ubican en la prestación de servicios públicos o con precios regulados y las fracciones primario-exportadoras completan el arco de claros beneficiarios de la etapa.

En el vértice opuesto están las mayorías populares, incluyendo a la clase trabajadora en sus distintas especificidades: personas que viven de su capacidad de trabajar, que reciben asignaciones, jubiladas y pensionadas. Las mujeres,  personas LGBTTIQ y lxs jóvenes fueron particularmente afectadxs, tanto por los cambios en el mercado como por el desmantelamiento de políticas sociales específicas.

Por la fuerte caída en nuestras condiciones de vida, el mercado interno se ha visto muy resentido. En un segundo orden, se puede ubicar como perdedores de la etapa a los sectores PyME del empresariado y, en especial, a los que se ubican en la industria y la construcción. Llamamos la atención sobre esto último, pues el efecto político de ello ha sido el tránsito a la oposición al saliente oficialismo de una parte del empresariado, que espera mejorar su situación en el próximo gobierno.

A pesar de este mapa, debemos resaltar que las contradicciones propias del propio esquema económico, junto con la resistencia social, hicieron que Cambiemos no pueda completar la tarea que se propuso, lo que generó malestar en el sector social que representa. Las demandas del capital más concentrado siguen vigentes y están representadas en las exigencias de los acreedores: reforma laboral, impositiva, previsional, privatizaciones, apertura de la economía y desprotección de los bienes comunes. La presión por este programa continuará en los años que vienen, marcando la agenda. Dependerá de las organizaciones populares continuar la tarea de impugnación y sumarle, ahora, el planteo de una agenda propia.

Continue Lendo
Click para comentar

Leave a Reply

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

América Latina e Mundo

Chilenos enterram a Constituição de Pinochet e começam um inédito (e incerto) processo Constituinte

Carta Magna produzida em 1980 era a base do modelo neoliberal chileno, que destruiu a Saúde, a Educação e a Previdência públicas

Publicadoo

em

Estátua equestre do general Manuel Baquedano, que liderou expedições contra os indígenas do sul, pintada de vermelho - Bárbara Carvajal (@barvajal)

A data 25 de outubro ficará marcada para sempre na história do Chile. Em 2019, foi o dia em que mais de 1,2 milhão de pessoas saíram às ruas para exigir um país mais digno. Um ano depois dessa manifestação, a maior do país, no dia 25 de outubro de 2020 os chilenos decidiram enterrar o último legado da ditadura de Augusto Pinochet: a Constituição de 1980.

Por Amanda Marton Ramaciotti, jornalista brasileira-chilena

No domingo, milhões de chilenos votaram em um plebiscito sobre escrever ou não uma nova Carta Magna, uma medida que nasceu como uma saída política à crise social iniciada em 2019. O resultado foi avassalador: 78,27% da população aprovou a iniciativa, contra 21,73% que a rejeitou.

Além disso, 78,99% dos votantes disse que quer que a nova Constituição seja redigida por uma Convenção Constituinte formada por 155 membros eleitos pela sociedade; versus um 21,01% que expressou que preferia uma Convenção Mista, formada por 172 membros, a metade deles legisladores e o restante constituintes. 

A comemoração durou horas. Em Santiago, milhares de pessoas foram a pé, de carro e de bicicleta em caravana até a avenida principal da capital e à praça central (antes conhecida como Praça Itália e agora, pelas manifestações, chamada popularmente de “Praça Dignidade”). Bandeiras do Chile e cartazes com as palavras “adeus, general” (em referência ao Pinochet) eram vistos em várias ruas.

Nova Constituição: chance de o Chile renascer - @delight_lab_oficial
Nova Constituição: chance de o Chile renascer – @delight_lab_oficial

A sensação era de um êxtase coletivo. “Ainda não consigo acreditar no que está acontecendo… Mais do que isso, é impossível dimensionar tudo que conseguimos”, me disse uma manifestante. Em um dos edifícios emblemáticos de Santiago, foi possível ler uma grande projeção com a palavra “Renasce”.  

“Para mim, é o começo de uma nova era”, comentou um jovem que estava comemorando os resultados do plebiscito.

Ele tem razão. Apesar de que a Carta Magna “do Pinochet” —escrita pelo advogado constitucionalista e ideólogo da direita chilena Jaime Guzmán, sofreu alterações durante a democracia, manteve vários dos seus aspectos principais. Ela continuou sendo a base do modelo neoliberal chileno que se adentrou na saúde, educação e sistema de aposentadoria, e também impedia grandes reformas estruturais pela exigência de um quórum de dois terços ou três quintos que, na prática, sempre foi muito difícil de ser alcançado.  

O novo ciclo

A decisão de escrever uma nova Carta Magna encerra um ciclo doloroso para milhares de pessoas que foram vítimas da ditadura do Pinochet, uma das mais sangrentas na América Latina, e também para tantas outras que até agora vivem em um país desigual devido, em grande parte, às disposições da atual legislação. O ciclo que começa agora é cheio de esperanças, mas também repleto de desafios.

O presidente Sebastián Piñera, quem em nenhum momento do processo deixou claro qual era o seu voto, disse domingo de noite que o plebiscito “não é o fim, é o começo de um caminho que juntos deveremos percorrer para escrever uma nova Constituição para o Chile. Até agora, a Constituição nos dividiu. A partir de hoje todos devemos colaborar para que a nova Constituição seja o grande marco de unidade, de estabilidade e de futuro do país”.

Ainda são poucas as definições que já foram tomadas sobre como será a assembleia constituinte. Sabemos que, em abril de 2021, os chilenos voltarão às urnas para escolher os 155 cidadãos que serão parte do processo. Sabemos que ela estará formada de forma paritária por homens e mulheres (algo inédito no país). Mas ainda falta uma série de decisões, como se poderão participar do processo pessoas que não estejam associadas a partidos políticos e se o órgão terá assentos reservados para os povos originários.

A assembleia contará com até 12 meses para redigir uma nova Carta Magna, cujas normas deverão ser aprovadas por dois terços dos integrantes. Esta será submetida a outro plebiscito, cuja participação será obrigatória.

Esse ponto é o que desperta mais dúvidas na sociedade. É que o plebiscito do domingo passado foi de caráter voluntário, e acudiram às urnas um total de 7,5 milhões de chilenos dos mais de 14 milhões habilitados para votar. Apesar de ter sido a participação mais alta da sociedade desde 2012, quanto o sufrágio começou a ser optativo no país, a votação do dia 25 de outubro não deixa claro qual será o resultado final se as 6,5 milhões de pessoas que não participaram no domingo votarem em 2022.

Mas, como dizem por aqui, isso é uma decisão para o Chile do futuro. O Chile do presente quer comemorar. E tem motivos de sobra para isso.

O estádio nacional, um dos maiores centros de tortura durante a ditadura, neste domingo foi um dos lugares que recebeu mais votantes - Bárbara Carvajal (@barvajal)
O estádio nacional, um dos maiores centros de tortura durante a ditadura, neste domingo foi um dos lugares que recebeu mais votantes – Bárbara Carvajal (@barvajal)

Continue Lendo

Chile

Chilenos se preparam para um plebiscito histórico sobre manter ou dar adeus à “Constituição do Pinochet”

Chilenos estão ansiosos para o plebiscito, adiado desde abril por conta da pandemia

Publicadoo

em

Era uma demanda colocada por alguns setores da sociedade chilena há anos, mas foram os protestos de 2019 os que voltaram exigir a derrubada da Constituição de 1981, imposta pela ditadura militar de Augusto Pinochet. Agora, no domingo 25 de outubro, mais de 14 milhões de chilenos acudirão às urnas em um plebiscito histórico que decidirá se o país “aceita” (aprueba) ou “rejeita” (rechaza) uma nova Carta Magna. A votação foi pensada como um caminho político para aplacar a crise social que o Chile enfrenta.

Por: Amanda Marton Ramaciotti, jornalista brasileira-chilena

Os ânimos estão à flor da pele. Nos muros, nas redes sociais, na mídia praticamente não se fala de outra coisa. Não é para menos, já que o plebiscito, inicialmente marcado para o dia 26 de abril, foi atrasado pelo governo devido à pandemia. Além disso, acontecerá somente uma semana depois do primeiro aniversário do chamado “estallido social”, iniciado em 18 de outubro de 2019, quando milhões de pessoas saíram às ruas para exigir um país mais igualitário. Mas a sociedade chilena -como tantas outras na América Latina e no mundo- está profundamente polarizada e, apesar de as pesquisas dizerem que a maioria votará pelo “aceita”, nada está definido.

Foto: Pablo Gramsch / Instagram: @active_grounds


Por um lado, o “apruebo” reúne intenções diversas, que vão desde exigir uma mudança no modelo neoliberal chileno até entregar mais direitos às mulheres, aos índios e às diversidades sexuais.

Alejandra Saez, uma trabalhadora independente, me disse que vai aprovar porque “se necessita uma mudança imediata, apesar de que o resultado chegue com o tempo, tomar a decisão de transformar o sistema já é um grande avanço”. “Quero que as novas regras validem o bem-estar das pessoas e não os cofres dos outros. Que não nos sintamos atacados pelo sistema”, afirmou.

Já o bioquímico Francisco Pereira me explicou que votará “apruebo” porque considera que é necessária uma “mudança drástica na atual Constituição, já que apesar de que outorga direito a serviços básicos, em nenhum momento garante o acesso a esses serviços, deixando muitos recursos principalmente nas mãos do mundo privado. Além disso, foi escrita para um contexto de desenvolvimento de país determinado muito diferente do atual, e é bastante rígida, o que dificulta que ela seja adaptada às atuais necessidades do Chile”.

Nas campanhas eleitorais, também é possível ver que muitos dos que pedem uma nova Constituição querem reformar as instituições encarregadas da segurança pública, já que, em 2019, pelo menos 30 pessoas morreram, milhares ficaram feridas e o Chile foi cenário de graves violações aos direitos humanos no marco dos protestos sociais, segundo Human Rights Watch, a ONU, entre outros. De acordo com o Instituto Nacional de Direitos Humanos, 460 pessoas sofreram lesões oculares durante as manifestações devido ao uso excessivo da força policial. Delas, pelo menos duas ficaram completamente cegas.

Por outro lado, Natalia C. (que pediu não ser identificada) aposta pelo “rechazo” porque considera que “não há necessidade de escrever uma nova Constituição inteira para realizar as reformas que o país precisa”. Nas redes sociais, as pessoas que chamam a votar por essa alternativa também dizem temer que o Chile se transforme em um país “caótico” e/ou “esquerdista”.

Além disso, muitos sinalizam que votar “apruebo” seria dar um aval à destruição de patrimônio que ocorreu no marco das mobilizações sociais. É que o metrô de Santiago, várias igrejas, ruas e estátuas foram parcialmente destruídos e/ou incendiados desde outubro de 2019, mas não há informação detalhada disponível sobre quem foram os responsáveis de cada um desses atos.

Foto: Pablo Gramsch / Instagram: @active_grounds


Muitos ainda estão indecisos. O microempresário Javier Baltra comentou que achava melhor votar nulo porque “ambas as opções estão cheias de problemas. Aprovar pode ser sinônimo de um Estado maior, e eu acho isso problemático para a economia. E rejeitar é deixar tudo como está até agora e não sei se isso é uma boa ideia”.

Além de escolher entre as opções “apruebo” ou “rechazo” uma nova Constituição, os chilenos devem votar se desejam que a eventual Carta Magna seja escrita por uma Convenção Constitucional formada por 155 constituintes eleitos ou por uma Convenção Mista de 172 membros (metade legisladores e metade cidadãos eleitos).


A LEI ATUAL


Qualquer pessoa que não conheça a história do Chile provavelmente se surpreenderá ao saber que um país como este tenha ainda uma Constituição que foi escrita na época da ditadura militar. “Nossa, mas é um país tão desenvolvido”; “como assim?”; “sério?” foram alguns dos comentários que recebi de amigos brasileiros quando contei sobre o que está acontecendo agora.


A Constituição atual foi aprovada em um questionado plebiscito realizado no dia 11 de setembro de 1980, em plena ditadura do Pinochet, quando milhões de chilenos viviam sob o medo da repressão, sem registros eleitorais e com os partidos políticos dissolvidos.
O texto foi escrito pelo advogado constitucionalista Jaime Guzmán, um dos maiores ideólogos da direita chilena, e que foi assassinado por um comando de ultraesquerda em 1991.

Ele foi escolhido por uma comissão designada pela ditadura. Posteriormente, a redação contou com a revisão e o apoio do Conselho de Estado e a Junta Militar, composta pelos máximos chefes do Exército e o diretor da polícia, que exercia como “poder legislativo”. Guzmán criou uma série de regras muito difíceis de alterar para perpetuar seu modelo econômico e político.

Como ele mesmo disse quando escrevia a Constituição, sua ideia era que, se os adversários chegassem a governar, eles se veriam “obrigados a seguir uma ação não tão distinta ao que alguém como nós gostaria (…) que a margem seja suficientemente reduzida para fazer extremamente difícil o contrário”.

Foto: Pablo Gramsch / Instagram: @active_grounds


Para realizar reformas à Carta Magna, Guzmán detalhou que é necessário alcançar um quórum de dois terços ou três quintos, segundo o caso, algo que, na prática, tem sido praticamente impossível de conseguir, porque nem o oficialismo nem a oposição conta com essa quantidade de votos.

Essa Constituição também instaurou um modelo econômico, político e social neoliberal, que se adentrou na educação e na saúde privada e um sistema de aposentadoria conhecido como AFP baseado na poupança individual e que no ano passado entregou aposentadorias pelo valor de 110.000 pesos chilenos (uns US$ 140). Esse sistema, hoje sumamente questionado pela população chilena, foi elogiado pelo Ministro de Economia do Brasil, Paulo Guedes, em várias ocasiões.

Se bem que o texto legal não estabeleça especificamente que a saúde, a educação ou o sistema de aposentadoria devam ser privados, na prática, sim, impõe princípios que limitam a ação do Estado e promove a atividade privada nesses setores. Por exemplo: não existe no Chile nenhuma universidade que seja gratuita.

Segundo analistas, a Constituição atual também é hierárquica e desconecta a cidadania do poder político, porque não inclui muitos mecanismos de participação.

Ao longo da sua história, sofreu duas modificações: a primeira, em 1989, ano do fim da ditadura, quando foi derrogado um artigo que declarava “ilícitos” a grupos que realizassem “violência ou uma concepção da sociedade do Estado ou da ordem jurídica de caráter totalitário ou fundada na luta de classes”. Outra, em 2005, quando depois de um grande acordo político o presidente socialista Ricardo Lagos conseguiu alterar outros aspectos, como que os comandantes em chefe das Forças Armadas passassem a estar subordinados ao poder civil, e a eliminação de senadores designados e vitalícios. Isto permitiu que em 2006 (há 14 anos!) o Senado fosse totalmente conformado por membros de eleição popular.

Agora, se a opção “apruebo” ganhar o plebiscito, o texto não só será modificado: a sociedade poderá dar adeus à chamada “Constituição do Pinochet”. Sem dúvidas, uma decisão histórica.

Veja também: Chileno preso no RIR: desembargador reconhece ilegalidade da prisão

Continue Lendo

Bolívia

Veja a tradução da declaração de Evo Morales

Declaração de Evo Morales, ex-presidente da Bolívia, dada em 18 de outubro, dia da eleição presidencial após o golpe.

Publicadoo

em

DECLARAÇÃO DE IMPRENSA DO EX-PRESIDENTE EVO MORALES
Buenos Aires, 18 de outubro de 2020

  1. Desde a cidade de Buenos Aires, neste dia histórico, domingo, acompanho nosso povo em seu compromisso com a pátria, com nossa democracia e com o futuro de nossa amada Bolívia, de exercer seu direito ao voto em meio aos acontecimentos em nosso País.
  2. Saúdo o espírito democrático e pacífico com que se desenvolve a votação.
  3. Diante de tantos rumores sobre o que vou fazer, venho declarar que a prioridade é exclusivamente a recuperação da democracia.
  4. Quero pedir a vocês que não caiam em nenhum tipo de provocação. A grande lição que nunca devemos esquecer é que violência só gera violência e que com ela todos perdemos.
  5. Por este motivo, conclamo as Forças Armadas e a Polícia a cumprirem fielmente o seu importante papel constitucional.
  6. Diante da decisão do Tribunal Supremo Eleitoral de suspender o sistema DIREPRE (Divulgação de Resultados Preliminares) para ir diretamente para a apuração oficial, informo que, felizmente, o MAS possui seu próprio sistema de controle eleitoral e que nossos delegados em cada mesa irão monitorar e registrar cada ato eleitoral.
  7. O povo também nos acompanhará nesta tarefa de compromisso com a democracia, como o fez tantas vezes, situação pela qual somos gratos.
  8. É muito importante que todas e todos os bolivianos e partidos políticos esperemos com calma para que cada um dos votos, tanto das cidades como das zonas rurais, seja levado em conta e que o resultado das eleições seja respeitado por todos.
  9. Neste domingo, no campo, nas cidades, no altiplano, nos vales, nas planícies, na Amazônia e no Chaco; em cada canto de nossa amada Bolívia e de diversos países estrangeiros, cada família e cada pessoa participará com alegria e tranquilidade na recuperação da democracia.
  10. É no futuro que todos os bolivianos, inclusive eu, nos dedicaremos à tarefa principal de consolidar a democracia, a paz e a reconstrução econômica na Bolívia.
    Viva a Bolívia!
    Evo Morales

Tradução: Ricardo Gozzi /Jornalistas Livres

Continue Lendo

Trending