#MacriChau: Derechos Humanos en estado de emergencia

Por Ana Paula Marangoni e Ignacio Marchini, da Marcha Notícias

Foto: Adrián Escandar

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El gobierno saliente de empresarios, encabezado por Mauricio Macri y Marcos Peña, será recordado no sólo como uno de los peores en materia de políticas económicas, sino también por los enormes retrocesos en derechos humanos y por la brutalidad sin precedentes en los últimos años de las fuerzas de seguridad. Un recorrido por los principales hitos represivos del macrismo.

Por Ana Paula Marangoni e Ignacio Marchini, da Marcha Notícias

El gobierno de Cambiemos pasará a la historia como uno de los más regresivos en materia de derechos humanos y como uno de los más violentos y sádicos en materia de represión de las fuerzas de seguridad. Con Patricia Bullrich a la cabeza del Ministerio de Seguridad de la Nación, una de las pocas del “mejor equipo de los últimos 50 años” que llegó a terminar su mandato, las fuerzas represivas alcanzaron niveles inéditos de violencia desde el retorno de la democracia.

No es una casualidad que el enorme ajuste económico llevado a cabo por el macrismo se haya visto acompañado por un crecimiento sin precedentes de casos de gatillo fácil y muertes en lugares de detención, torturas por parte de las fuerzas de seguridad, detenciones arbitrarias, causas armadas y criminalización de la protesta social. Como señalan desde hace muchos años en la CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional), el uso de la represión estatal para garantizar las políticas de todos los gobiernos es constitutivo de cualquier sociedad dividida en clases. Para la Coordinadora, el nivel de violencia policial de cada momento histórico se explica por dos grandes motivos: la situación económico-social y las características del gobierno de turno.

En el caso de Cambiemos, el ajuste económico en todas las áreas de políticas públicas y sociales, con su consecuente empeoramiento en las condiciones de vida de la mayoría de la población, llevó indefectiblemente a un aumento en el descontento y la conflictividad social. Nada más violento que la desigualdad. En relación a las características específicas del gobierno saliente, el uso demagógico del “voto bala” y el “voto cárcel”, junto a una defensa a ultranza del accionar de las fuerzas de seguridad por parte de funcionarios jerárquicos del gobierno, llevaron a un crecimiento desembozado de los casos de gatillo fácil y muerte en los lugares de detención.

Algunos datos para tomar noción de qué nos deja el macrismo a nivel nacional: del promedio de un muerto cada 30 horas en mano de las fuerzas de seguridad durante los 12 años de kirchnerismo, se pasó a un muerto cada 21 horas, contando hasta el 12 de febrero de 2019, según datos del archivo de casos de la CORREPI 2018. El archivo con los casos de 2019 será presentado el viernes 13 de diciembre y, según anticiparon desde la Coordinadora, la situación empeoró. Sin contar este último año, de los 6536 casos de gatillo fácil de 1983 a la fecha, 1303 le corresponden a Cambiemos. Es decir, 1 de cada 5 muertos desde el retorno de la democracia en sólo 3 años.

La doctrina de las “nuevas amenazas”

La adscripción del macrismo a la doctrina de las “nuevas amenazas”, elaborada por el Comando Sur de Estados Unidos, con el pleno respaldo del Estado bélico de Israel, es fundamental para entender el vuelco en materia de “seguridad interna” en estos cuatro años. Relaciones que exceden ampliamente lo teórico y se tradujeron, por ejemplo, en compras de hasta 2 mil millones de dólares en armamento de guerra a EE.UU. y software de espionaje al Estado sionista. Todo en aras de “la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”, como expresara incansablemente Patricia Bullrich a lo largo su gestión. Lucha que, además, fracasó estrepitosamente, si tenemos en cuenta que “en los últimos años hubo efectivamente más incautaciones, más detenidos, más condenados y, sin embargo, hay un aumento de la circulación de sustancias en el territorio”, como explicara al portal Chequeado Mariana Souto Zabaleta, especialista en políticas de drogas del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED). Más allá del error de por sí que representa encarar el problema de las adicciones y el narcotráfico desde una perspectiva punitivista, “se habría incrementado la oferta de pasta base-paco en casi un 50% y la de éxtasis en más del 100%”, agregó la especialista.

La doctrina digitada por Estados Unidos coloca a la “seguridad nacional y el orden público” como los principales bienes a ser protegidos, por encima de la vida de cualquier persona, usando la lucha contra “el terrorismo y las amenazas internas” como excusa. De este manera, el terrorista es una amenaza que nunca es discernible del todo, y puede ir desde un comando mapuche entrenado por Irán y Venezuela hasta un jubilado que reclama porque le aumenten la mínima, según el enemigo de turno que se necesite construir mediáticamente.

Esta noción tiene efectos nefastos en la concepción de la seguridad interior, con un recrudecimiento de la represión policial y con la habilitación a las Fuerzas Armadas de actuar en tareas internas y de espionaje a organizaciones civiles, políticas y sociales. Una doctrina que ha tenido efectos desastrosos en América Latina, como evidencian los casos de los Estados militares de Colombia o México, por nombrar algunos, con un incremento enorme de la violencia hacia las poblaciones civiles. Si a eso sumamos la profundización de la militarización de todas la fuerzas, incluidas las policiales, y el aumento de efectivos, el Estado policial se erige como regulador de la vida, dejando de lado sus funciones sociales.

Un ejemplar despliegue de la capacidad represiva del Estado argentino se dio durante la Cumbre del G20 que tuvo lugar en Buenos Aires el año pasado, con tanques, camiones blindados y armamento militar para intimidar a la población. Fueron significativos también los recortes en Educación y Ciencia destinados a engrosar el presupuesto en materia de Defensa y la compra de pistolas Taser (catalogadas como elementos de tortura según la ONU) para equipar a las fuerzas de seguridad en aeropuertos, subtes y trenes, entre otras decisiones políticas en pos de militarizar a las fuerzas represivas nacionales.

Milagro, Santiago, Rafael y Juan Pablo

Hay cuatro casos testigos que ejemplifican con claridad la política de seguridad y persecución del macrismo.

El 1 de agosto de 2017, otro crimen por parte de las fuerzas de (in)seguridad conmocionó a la sociedad. En medio de una feroz represión por parte de Gendarmería en la Lof Cushamen, de Chubut, Santiago Maldonado, que se encontraba acompañando a lxs mapuches en resistencia, desapareció, para aparecer muerto 78 días después, luego de idas y vueltas mediáticas, del encubrimiento por parte de las fuerzas de seguridad, de las autoridades de la justicia y de los funcionarios responsables, hasta llegar a Patricia Bullrich.

Mientras falsos testigos arrojaban la hipótesis de que Santiago estaba vivo en distintas localidades, la Gendarmería se ocupaba de ocultar evidencias a la vez que negaba tener conocimiento alguno de Santiago. Ocultaron las fotos de la represión donde se lo podía identificar (y, por lo tanto, descartar la hipótesis de que no hubiera desaparecido en el contexto de la represión), lavaron la camioneta que se utilizó en el operativo (la que negaron haber usado pero que aparece en videos y fotos del operativo), violaron los precintos y obstaculizaron desde el comienzo la investigación, con el aval del primer juez a cargo de la cusa, Guido Otranto, que en ningún momento ordenó apartar de la investigación a la misma fuerza sospechada de matar y ocultar el cuerpo de Santiago.

La causa tuvo enormes cabos sueltos desde el comienzo. Uno de los más llamativos fue que, al día siguiente de su desaparición, Ariel Garci, amigo de Santiago, lo llamó a su teléfono, que estaba activo e incluso fue atendido durante 22 segundos sin emisión de voz alguna. Esto es inexplicable, incluso abonando la hipótesis oficial de que Santiago se haya ahogado y hubiera estado todo ese tiempo bajo el río. Incluso, luego de que declarara, su identidad fue dada a conocer, exponiendo su vida y negándole el derecho a protección como testigo.

A los 78 días de su desaparición, el 17 de octubre de 2017, el cuerpo apareció en el mismo río donde fue tantas veces buscado, absolutamente intacto. A pesar del fallo del juez Lleral, en el que se aseguraba que Santiago había muerto naturalmente, intentando cruzar el río, la querella pidió reabrir la causa, debido a la cantidad de  inconsistencias encontradas en la autopsia realizada. Las objeciones se basan en distintas evidencias que impiden sostener que Santiago permaneció los 78 días en el río, y que apuntan a la hipótesis de que fue secuestrado por Gendarmería, y que ya sin vida su cuerpo fue escondido conservado a bajas temperaturas y luego “plantado” en el lugar de la represión. Algunas de estas evidencias son la presencia de polen (incompatibles con la cantidad de días sumergido), y el estado de conservación del cuerpo y del DNI, en relación con la temperatura del río y la exposición al agua en el tiempo.

La ministra de (in)seguridad Bullrich aseguró el pacto de impunidad con las fuerzas, a través de una frase que quedaría entre las más lamentables de nuestra historia: “no voy a cometer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana”. Así dejaba en claro su decisión política de proteger a las fuerzas incluso aunque cometieran los crímenes más aberrantes. Gendarmería despidió de sus funciones a la ministra, obsequiándole un sable con esta frase, que es hoy el macabro recordatorio del crimen de Santiago y una muestra de lealtad preocupante. Hoy en día no hay un solo preso por la represión, la muerte y la desaparición forzada de Santiago durante 78 días. Y todas las inconsistencias de la investigación continúan sin explicación.

Al caso de Santiago, que tomó repercusión nacional e internacional, debemos agregar el asesinato por la espalda del mapuche Rafael Nahuel a manos del prefecto Javier Pintos, actualmente en libertad, durante una toma de tierras. Incluso la Vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, se encargó de avalar el accionar de la Prefectura Nacional diciendo que lxs mapuches se encontraban armados, algo que fue completamente desmentido por las pericias que además demostraron que se le disparó por la espalda, en plena huída.

Lo mismo sucedió con el policía Chocobar que asesinó al ladrón Juan Pablo Kukoc por la espalda y huyendo. La respuesta del gobierno fue felicitarlo en persona por el Presidente Mauricio Macri, algo absolutamente inédito en democracia, y que pinta de cuerpo completo lo que fueron estos 4 años en materia represiva. Es por eso que la actuación de la policía se dijo estar regida por la “doctrina Chocobar”.

Mientras tanto, el Poder Judicial avaló sistemáticamente la persecución de quienes se enfrentaron al proyecto neoliberal de Cambiemos, a través de la criminalización de referentes sociales y manifestantes, con el fin de limitar la acción colectiva. El caso de Milagro Sala, presa sin condena hace ya casi cuatro años, fue señero e inaugural en el accionar del Poder Judicial asociado al poder político y sus conveniencias. Una detención arbitraria y sin garantías constitucionales mínimas, sin respeto a la presunción de inocencia y la libertad durante el proceso penal, que ha llegado a desoír incluso un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al respecto del caso.

La política de hacer olvidar

Cuesta reconocerle al presidente saliente alguna de sus promesas cumplidas. Pero hay una que lastimosamente cumplió. Si algo caracterizó los dichos de Mauricio Macri fue la tajante división entre los discursos armados (torpes, vacíos y plagados de balbuceos y tartamudeos) diferenciados de aquellas afirmaciones fuera de guión (por lo general, rotundas y vergonzosas), políticamente incorrectas y dotadas de una honestidad brutal.

Las primeras afirmaciones permitían conocer la estrategia comunicativa de Cambiemos y el esfuerzo de un mandatario que nunca lograba darle el tono de actuación justo a las palabras previstas. Las segundas ponían en evidencia los hiatos elegidos, develando pensamientos en alta voz, que debían ser reducidos a medida que Macri pasaba de ser un jefe de gobierno al Presidente de la Nación.

Por eso, en 2014, cuando a Mauricio Macri le faltaba un año para asumir como presidente, era más fácil toparse con exabruptos públicos. Allí prometió, en diálogo con La Nación, acabar con el “curro de los derechos humanos”, sincero, sin mediación de couchers ni focus groups.

Y efectivamente, desde que asumió, se ocupó de ejercer la fuerza contraria al trabajo histórico que realizaron los distintos organismos de Derechos Humanos desde el retorno de la democracia. Cambiemos trabajó arduamente en la política de hacer olvidar. La política de la desmemoria, similar a la decisión de cambiar en los billetes las imágenes de próceres por animales, involucró medidas judiciales, beneficios para genocidas, dilación de los procesos judiciales por Crímenes de Lesa Humanidad, recortes presupuestarios sostenidos en DDHH y el histórico fallo de la Corte Suprema durante 2017 de aplicar la reducción de penas (conocida como 2×1) a genocidas, que debió retroceder y fue revocado en 2018, frente a los masivos repudios y movilizaciones.

Solo por aportar algunos indicadores, según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en 2018 se registraron sólo 17 fallos a represores, el menor número desde 2010. Esto se vio acompañado con el sostenido aumento de sentencias a prisión domiciliaria para condenas por crímenes de lesa humanidad.

El fantasma de la teoría de los dos demonios volvió a cobrar vida. Previamente al lamentable fallo, el ex Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, expresó categóricamente en 2016 que en Argentina no hubo 30 mil desaparecidxs. Mauricio Macri, lejos de repudiar los dichos del funcionario, optó por sostener el libreto de la ambigüedad, afirmando que él no tenía idea si habían sido 9 mil o 30 mil, desligándose de la obligación de tener una postura clara en relación al pasado reciente y opinando como si fuera un ciudadano común, al margen de su investidura presidencial, estrategia reiterada en muchas oportunidades.

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo continuaron durante estos cuatro años realizando sus rondas, a pesar de las afrentas a su lucha por la justicia, y a la necesidad de que la memoria sea una política de Estado contra sus crímenes del pasado, contra el horror y contra el olvido. El jueves 5 de diciembre se despidieron de este gobierno que permitió reavivar el dolor de lo vivido, realizando la N°39 Marcha de la Resistencia y ampliando el concepto de DDHH. Porque un gobierno que no respeta la vida, no sólo agita los peores infiernos del pasado, también lo instala en el presente, cuando es indiferente al hambre, a la pobreza, a la miseria, consecuencias inevitables de sus políticas, de lo que hicieron y lo que decidieron no hacer.

La agenda urgente

La coalición de derecha saliente deja un panorama desastroso en materia de derechos humanos y garantías constitucionales. Dentro del enorme trabajo que deberá encarar el gobierno de Alberto y Cristina Fernández, y que las movilizaciones de las organizaciones políticas y sociales deberá garantizar, hay un puñado de ellas que, desde la CORREPI, califican como urgentes.

La primera y principal es la derogación de la Resolución 956/2018 que habilita el uso del arma reglamentaria de las fuerzas de seguridad en cualquier circunstancia. Es decir, la legalización de la Doctrina Chocobar. También exigen el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso Bulacio, que ordenó “la derogación de todas las facultades normadas y la eliminación de todas las prácticas no normadas de las FFSS para detener personas fuera de las hipótesis constitucionales y de los convenios internacionales de orden judicial previa o delito flagrante”. Es decir, el cese de las detenciones arbitrarias que se multiplicaron escandalosamente durante el macrismo.

El fin de los programas de reconocimiento facial, la derogación de la Resolución 845/2019 que “sistematiza y masifica la intercepción y detención de personas ‘para identificar’ en las estaciones de trenes”, el hostigamiento a las personas que se sustentan con changas en la vida pública, son algunos otros de los puntos del entramado legal que deja el macrismo que es urgente desarmar, con la principal amenaza del proyecto de reforma del Código Penal, que “incrementa la criminalización de la pobreza y la protesta y consagra la impunidad de los represores” y del proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil “que contempla la baja de edad de punibilidad de niñxs y adolescentes”.

En cuatro años, el gobierno de Mauricio Macri, por su política anti derechos y por su cinismo hacia el hambre y las necesidades básicas de la población, demostró ser un gobierno en contra de la vida. Con más de 40 % de pobreza, y con un endeudamiento millonario, se va, pero nos deja en un estado de emergencia que será difícil de revertir. Por eso, intentamos recuperar la memoria para decirle a los gobiernos neoliberales #NuncaMás.

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