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América Latina e Mundo

La prisión de Lula y la contrarreforma conservadora

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Por Luciana Gaffrée

El docente de Historia, primer diputado negro de Uruguay, y exviceministro de Industria, Energía y Minería, cartera que incluye nada más y nada menos que dos importantes pilares para entender cualquier contexto geopolítico latinoamericano como Comunicación y Petróleo, Edgardo Ortuño, quien trabajó codo a codo con el expresidente Mujica,expone su perspectiva sobre la grave situación que atraviesa hoy Brasil.

 

Cuál es tu perspectiva sobre la situación actual de Brasil?

De gran preocupación, porque Brasil vive un deterioro de sus instituciones democráticas, desde el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, culminando con la prisión del expresidente Lula, el candidato con mayor adhesión ciudadana al día de hoy.

Hay que aclarar que independientemente de la orientación, sea de derecha o de izquierda, lo que pasa en Brasil es muy preocupante desde una perspectiva de defensa de la democracia.

Los latinoamericanos no deberíamos olvidar la importancia de Brasil en la vigilancia del funcionamiento democrático en toda la región. El inicio del período de deterioro y posterior quiebre institucional democrático en América Latina comenzó en Brasil en 1964. Por eso, estamos todos los demócratas de América Latina muy preocupados con lo que está sucediendo en Brasil.

 

¿Por qué usted considera lo que Brasil vive como un deterioro de las instituciones democráticas?

En Brasil, el poder judicial aparece influyendo y determinando procesos políticos importantes, y el Poder Ejecutivo sufre fuerte presión de las cadenas de comunicación más importantes en el país, de las fuerzas conservadoras y ahora también la presión militar. Los militares en Brasil se pronuncian políticamente, con amenazas, generando un contexto de presión indebido, como por ejemplocuando asistimos a pronunciamientos de generales con mando de tropa previo al dictamen del Supremo Tribunal Federal en el caso del expresidente Lula.

¿Para usted la ausencia de una Ley de Medios en Brasil fue parte relevante para esa articulación?

La ausencia de regulación en Brasil ha permitido una actuación decisiva de las grandes cadenas y de los grandes medios en el proceso político, que ha dejado a los ciudadanos rehenes de su perspectiva, en gran medida al no brindarles toda la información en su diversidade, buscando reforzar una única narrativa del momento, con noticias sesgadas, sin pluralismo ni opiniones divergentes.

Implementar la normativa de medios no ha sido fácil en toda la región latinoamericana. Si bien ha ingresado en la agenda de todos los gobiernos progresistas en la última década,ha tenido muchas resistenciasy niveles dispares de aplicación en toda la región.

Uruguay, Argentina y Brasil asumieron la meta de construir una normativa para garantizar la libertad de pluralidad en los servicios de comunicación audiovisual, pero con contenidos y resultados dispares. En Argentina, con una aprobación y luego, con el gobierno de Macri hubo una desarticulación de los principales aspectos que contenía la “ley de medios”. En Brasil se dio la frustración del proceso, que nunca llegó a concretarse.

En Uruguay la Ley de Medios ha sido precedida de un proceso de consulta social a todos los involucrados, largo y profundo, incluyendo a los propios dueños de los medios de comunicación, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y todos los partidos políticos, sin excepción, porque atravesó por una etapa de debate parlamentario larga y profunda, en un parlamento como el uruguayo, donde están representados todos los partidos políticos. Tuvo también una larga consideración del Poder Judicial que ratificó su constitucionalidad, por lo que está en optimas condiciones para su aplicación plena, lo que aún no se ha producido.

Usted promovió esta lucha, ¿verdad?

Fui un promotor decidido de la ley, entre otros, porque creo que la regulación democrática de los medios que garanticen tanto la libertad editorial, de opinión, de los medios, libres de la presión del gobierno de turno, como la garantía del acceso de los ciudadanos a informaciones plurales, diversas, son cuestiones absolutamente claves en una democracia.

La agenda de regulación y modernización de las telecomunicaciones y de los medios de comunicación masiva es aún una agenda pendiente en América Latinay en el caso de Argentina y Brasil, con los nuevos gobiernos, vimos un retroceso o mismo el aborto de esa reglamentación.

¿Usted cree que Lula es víctima de una guerra jurídica?

En Brasil se da un proceso donde se verifican actores judiciales que más parecen inquisidores que jueces imparciales, y al mismo tiempo campañas sistemáticas y tendenciosas de los medios masivos, por lo tanto, estamos sí frente a un caso de guerra jurídica o abuso de la ley con objetivos políticos y prejuzgamiento mediático.  Tal vez sea el caso de Lula el más dramático.

Los medios no difunden ni de cerca con la misma intensidad y profundidad los argumentos o contraargumentos de la defensa de Lula. Ahí es donde uno verifica la toma de partido de los medios de comunicación alineados con un poder judicial que también toma partido y asume posiciones políticas, e incluso pronunciamientos políticos.

En Brasil se nota claramente un desmedido protagonismo de los poderes judiciales por sobre la propia voluntad de la ciudadanía y de la Constitución, asociado a un lobby conservador y campañas mediáticas muy importantes, donde se ve un uso abusivo de la ley en un proceso de apariencia legal, pero de esencia antidemocrática.

¿Uruguay tiene como impedir una guerra jurídica?

La judicialización de la política se está viendo en toda la región. Lo que es preocupante. La guerra jurídica surge como una estrategia para deslegitimar y desplazar las fuerzas progresistas cuando no se logra apoyo ciudadano para ello en las urnas. Es una tentación del bloque conservador en toda la región.

La Ley de Medios inhibe ese tipo de acciones tendenciosas de los medios masivos, que por suerte en Uruguay no se han vivenciado con la intensidad que vemos en Brasil.  En nuestro caso, lo fundamental es que no hay puntos de apoyo en la realidad para eso.

¿Ancap no sería el punto de apoyo en la realidad? ¿No ve una correlación entre las investigaciones en Petrobrás y en Ancap?

No es casualidad en el contexto regional, que se tome a la empresa petrolera del Estado como objeto de estudio y de investigación. Pero, al momento no ha habido pruebas de procesos de corrupción que involucren al Poder Ejecutivo o al gobierno, sino que hay cuestionamientos puntuales a quienes ejercieron determinados cargos en Ancap en determinado período.

Ahora, se nota claramente que la derecha uruguaya está desesperada por asociar la situación en Uruguay con la política interna de Brasil y de Argentina, porque no hay un proyecto de la oposición alternativo o que sea confesable.

Porque el proyecto político y económico de la derecha en la región es un proyecto inconfesable. De ser confeso jamás tendrá el respaldo ciudadano: rebaja de salario, rebaja de derechos, desregulación laboral, disminución de garantías previsionales para la jubilación, distribución regresiva de la riqueza, radical reducción de la inversión en políticas sociales, en fin, un programa inconfesable e irrespaldable, ¿y quién votaría en eso? De ahí el atajo por el enchastre, la judicialización, para intentar aislar a las fuerzas políticas progresistas que cuentan con respaldo popular.

¿Entonces, cual fue el punto de apoyo en la realidad para Dilma y Lula?

Yo creo que el antecedente del “mensalão” fue dramático para la legitimidad del Partido de los Trabajadores, los procesos de compra de votos o de corrupción y juicios de referentes políticos históricos del PT, acusados de sobornos y de enriquecimiento personal ilícito, contribuyeron a la desestimación y claramente a la reducción del apoyo popular al partido gobernante, generando condiciones subjetivas para el avance de esta ofensiva judicial conservadora, agravado por un debilitamiento del apoyo ciudadano, ambientando un clima de agresión y finalmente de desplazamiento de Dilma del poder y ahora la prisión de Lula.

Cuando dijeron “tirar esa basura al mar” al transportar Lula en un avión de la FAB para Curitiba, se nota una plena alusión al Plan Condor.¿Usted cree que hay peligro que se repita lo de 64?

Por el protagonismo totalmente inadmisible que han tomado figuras representativas del Ejército, del poder militar, yo creo que hay un peligro objetivo de quiebre de la institucionalidad democrática de Brasil, con elrespaldo del poder económico más tradicional y conservador de Brasil, contrario al desarrollo productivo y a la forma como el PT manejaba la redistribución de la renta y la economía, por ejemplo, con un salario mínimo por arriba de la inflación.

Por todo eso es que voten a la derecha o a la izquierda, los demócratas de la región debemos estar preocupados y ser solidarios con el mantenimiento de la democracia en Brasil, que claramente está amenazada.

Tuvo bajo su Ministerio tanto el petróleo como la comunicación, dos grandes poderes hoy. Teniendo este poder en las manos, ¿qué críticas tiene usted a hacer a la izquierda hoy?

Lo que debemos asumir con autocrítica es que no hemos desarrollado en todo su potencial una estrategia de desarrollo productivo integrado.

El proyecto de la derecha es un proyecto radicalmente individualista, que no cree en la igualdad y, por lo tanto, no genera oportunidades de desarrollo para todos y todas.Pero tampoco genera un desarrollo soberano, independiente, porque no cree en ello.

No podemos olvidarnos que Brasil desplegó unaestrategia geopolítica alternativa, rompiendo el esquema unipolar. Eso generó enorme oposición desde los centros de poder, porque el gobierno progresista del PT logró articulaciones económicas y de poder alternativas, como el caso del BRICS, del Mercosur y UNASUR, en una estrategia alineada con los países más emergentes y también con los países más carenciados. Lula tenía una apuesta claramente geopolítica alternativa a las lógicas de dominio unipolar occidental.

¿Por eso importa tanto el destino y la orientación política de Brasil?

Claro, porque perder el protagonismo de Brasil en el escenario mundial y regional, lo sufre toda América Latina. De no retornar Brasil a estos niveles de protagonismo, volveremos a la no existencia de incidencia de América Latina en el concierto del mundo.

Aumentará la pobreza, aumentarán los niveles de dependencia económica y se retrocederá en el respeto de los derechos en general, en particular de los más desfavorecidos.

¿Estamos ante un ataque conservador a nivel regional?

Creo que sí, que asistimos a una contrarreforma conservadora, en toda América. Y esa contrarreforma busca el retorno alo peor de la cultura conservadora de nuestras sociedades. Me refiero a que hay una oposición radical a la redistribución de la riqueza, a la salida de la pobreza de un porcentaje significativo de la población, pero también a la nueva sensibilidad cultural que supone “la agenda de derechos” que ha impulsado la izquierda.

Esa oposición también se nota en Uruguay. La redistribución de la riqueza irrita principalmente a las elites de nuestros países. También hay un rechazo ideológico y cultural, de contenido reaccionario, a las políticas de derechos implementadas por los gobiernos progresistas, contrarios a los derechos de la mujer, a las cuotas, a las políticas de equidad racial, a la diversidad de género. Lo que ahora se expresa en campañas explícitas contra lo que llaman ideología de género.  Asistimos al impulso de una contrarreforma de las derechas, a una reacción conservadora.

Creo que acierta Lula en su discurso cuando dice que el problema no es Lula, sino la continuidad y el avance de esas conquistas.

Lo grave es si imponen los cambios sin aprobación ciudadana. La soberanía popular de Brasil no fue respetada, porque se votó un programa de gobierno propuesto por la Presidenta Dilma y con su destitución se procesó un cambio radical en las políticas públicas, con la reforma del sistema previsional, los cambios en la política laboral, en el modelo de desarrollo, con la intención de favorecer a los intereses económicos tradicionales, debilitando el desarrollo económico de mediano y largo plazo de Brasil y de toda América Latina. Un cambio de programa sin mediar la decisión soberana, que ahora se pretende reiterar impidiendo la elección de Lula.

¿Cuálsería entonces el gran desafío de los partidos progresistas hoy?

El gran y mayor desafío quizá sea la concientización del pueblo de lo que está en juego y reivindicar el contenido ético de nuestro proyecto. Hay queconcientizar al pueblo sobre el peligro de un retorno a las políticas más conservadoras y de elite pudiente.

Lograr hacer despertar a la militanciasobre los proyectos en juego y su papel para definir el futuro. La concepción de la izquierda es una concepción humanista, solidaria, que no concibe el desarrollo personal si no es en una convivencia armónica con los otros.

La única manera de prevenir los procesos de amenaza a la democracia es con una participación ciudadana activa y militante en la defensa de la democracia, no aceptando en hipótesis alguna que se viole la Constitución y las garantías de los derechos fundamentales. Para eso, las personas precisan estar bien informadas, y por eso la importancia de los medios de comunicación.

¿Lula es o no preso político?

Mi convicción personal es de una prisión de carácter político. Porque– sin elementos probatorios –se está privando el pueblo brasileño de contar con un candidato que posiblemente resultaría electo. Entonces, es grave, porque se está incidiendo en el futuro electoral y, por lo tanto, en la orientación política del país. En dos años sacaron a Dilma y a Lula. No podemos más que calificar de político ese proceso judicial. Pero, no es un proceso terminado, no está resuelto su final.

No olvidemos que Lula puede ser precandidato hasta avanzado el mes de setiembre. Es decir que él puede ser un candidato o factor de triunfo presidencial en Brasil desde la prisión. Nosotros lo sabemos porque tenemos como líder histórico fundamental de la creación y del crecimiento del Frente Amplio a un referente que estuvo más de diez años preso, como fue el general Líber Seregni, que desde la cárcel fue un factor fundamental para recuperar la democracia y luego lograr cambiar la realidad electoral.

La prisión de las personas no es la prisión de sus ideas. Muchas veces la multiplican. Porque refuerza la impronta ética que la prisión da a su lucha, que el sacrificio personal desde la prisión da a su lucha. Y ese contenido ético jamás podrá tener la derecha, incapaz de estos sacrificios personales en función de proyectos colectivos.

 

*Luciana Gaffrée – Licenciada en Ciencias de la Comunicación – Facultad de Información y Comunicación FIC – UdelaR.

 

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Chilenos enterram a Constituição de Pinochet e começam um inédito (e incerto) processo Constituinte

Carta Magna produzida em 1980 era a base do modelo neoliberal chileno, que destruiu a Saúde, a Educação e a Previdência públicas

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Estátua equestre do general Manuel Baquedano, que liderou expedições contra os indígenas do sul, pintada de vermelho - Bárbara Carvajal (@barvajal)

A data 25 de outubro ficará marcada para sempre na história do Chile. Em 2019, foi o dia em que mais de 1,2 milhão de pessoas saíram às ruas para exigir um país mais digno. Um ano depois dessa manifestação, a maior do país, no dia 25 de outubro de 2020 os chilenos decidiram enterrar o último legado da ditadura de Augusto Pinochet: a Constituição de 1980.

Por Amanda Marton Ramaciotti, jornalista brasileira-chilena

No domingo, milhões de chilenos votaram em um plebiscito sobre escrever ou não uma nova Carta Magna, uma medida que nasceu como uma saída política à crise social iniciada em 2019. O resultado foi avassalador: 78,27% da população aprovou a iniciativa, contra 21,73% que a rejeitou.

Além disso, 78,99% dos votantes disse que quer que a nova Constituição seja redigida por uma Convenção Constituinte formada por 155 membros eleitos pela sociedade; versus um 21,01% que expressou que preferia uma Convenção Mista, formada por 172 membros, a metade deles legisladores e o restante constituintes. 

A comemoração durou horas. Em Santiago, milhares de pessoas foram a pé, de carro e de bicicleta em caravana até a avenida principal da capital e à praça central (antes conhecida como Praça Itália e agora, pelas manifestações, chamada popularmente de “Praça Dignidade”). Bandeiras do Chile e cartazes com as palavras “adeus, general” (em referência ao Pinochet) eram vistos em várias ruas.

Nova Constituição: chance de o Chile renascer - @delight_lab_oficial
Nova Constituição: chance de o Chile renascer – @delight_lab_oficial

A sensação era de um êxtase coletivo. “Ainda não consigo acreditar no que está acontecendo… Mais do que isso, é impossível dimensionar tudo que conseguimos”, me disse uma manifestante. Em um dos edifícios emblemáticos de Santiago, foi possível ler uma grande projeção com a palavra “Renasce”.  

“Para mim, é o começo de uma nova era”, comentou um jovem que estava comemorando os resultados do plebiscito.

Ele tem razão. Apesar de que a Carta Magna “do Pinochet” —escrita pelo advogado constitucionalista e ideólogo da direita chilena Jaime Guzmán, sofreu alterações durante a democracia, manteve vários dos seus aspectos principais. Ela continuou sendo a base do modelo neoliberal chileno que se adentrou na saúde, educação e sistema de aposentadoria, e também impedia grandes reformas estruturais pela exigência de um quórum de dois terços ou três quintos que, na prática, sempre foi muito difícil de ser alcançado.  

O novo ciclo

A decisão de escrever uma nova Carta Magna encerra um ciclo doloroso para milhares de pessoas que foram vítimas da ditadura do Pinochet, uma das mais sangrentas na América Latina, e também para tantas outras que até agora vivem em um país desigual devido, em grande parte, às disposições da atual legislação. O ciclo que começa agora é cheio de esperanças, mas também repleto de desafios.

O presidente Sebastián Piñera, quem em nenhum momento do processo deixou claro qual era o seu voto, disse domingo de noite que o plebiscito “não é o fim, é o começo de um caminho que juntos deveremos percorrer para escrever uma nova Constituição para o Chile. Até agora, a Constituição nos dividiu. A partir de hoje todos devemos colaborar para que a nova Constituição seja o grande marco de unidade, de estabilidade e de futuro do país”.

Ainda são poucas as definições que já foram tomadas sobre como será a assembleia constituinte. Sabemos que, em abril de 2021, os chilenos voltarão às urnas para escolher os 155 cidadãos que serão parte do processo. Sabemos que ela estará formada de forma paritária por homens e mulheres (algo inédito no país). Mas ainda falta uma série de decisões, como se poderão participar do processo pessoas que não estejam associadas a partidos políticos e se o órgão terá assentos reservados para os povos originários.

A assembleia contará com até 12 meses para redigir uma nova Carta Magna, cujas normas deverão ser aprovadas por dois terços dos integrantes. Esta será submetida a outro plebiscito, cuja participação será obrigatória.

Esse ponto é o que desperta mais dúvidas na sociedade. É que o plebiscito do domingo passado foi de caráter voluntário, e acudiram às urnas um total de 7,5 milhões de chilenos dos mais de 14 milhões habilitados para votar. Apesar de ter sido a participação mais alta da sociedade desde 2012, quanto o sufrágio começou a ser optativo no país, a votação do dia 25 de outubro não deixa claro qual será o resultado final se as 6,5 milhões de pessoas que não participaram no domingo votarem em 2022.

Mas, como dizem por aqui, isso é uma decisão para o Chile do futuro. O Chile do presente quer comemorar. E tem motivos de sobra para isso.

O estádio nacional, um dos maiores centros de tortura durante a ditadura, neste domingo foi um dos lugares que recebeu mais votantes - Bárbara Carvajal (@barvajal)
O estádio nacional, um dos maiores centros de tortura durante a ditadura, neste domingo foi um dos lugares que recebeu mais votantes – Bárbara Carvajal (@barvajal)

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Chile

Chilenos se preparam para um plebiscito histórico sobre manter ou dar adeus à “Constituição do Pinochet”

Chilenos estão ansiosos para o plebiscito, adiado desde abril por conta da pandemia

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Era uma demanda colocada por alguns setores da sociedade chilena há anos, mas foram os protestos de 2019 os que voltaram exigir a derrubada da Constituição de 1981, imposta pela ditadura militar de Augusto Pinochet. Agora, no domingo 25 de outubro, mais de 14 milhões de chilenos acudirão às urnas em um plebiscito histórico que decidirá se o país “aceita” (aprueba) ou “rejeita” (rechaza) uma nova Carta Magna. A votação foi pensada como um caminho político para aplacar a crise social que o Chile enfrenta.

Por: Amanda Marton Ramaciotti, jornalista brasileira-chilena

Os ânimos estão à flor da pele. Nos muros, nas redes sociais, na mídia praticamente não se fala de outra coisa. Não é para menos, já que o plebiscito, inicialmente marcado para o dia 26 de abril, foi atrasado pelo governo devido à pandemia. Além disso, acontecerá somente uma semana depois do primeiro aniversário do chamado “estallido social”, iniciado em 18 de outubro de 2019, quando milhões de pessoas saíram às ruas para exigir um país mais igualitário. Mas a sociedade chilena -como tantas outras na América Latina e no mundo- está profundamente polarizada e, apesar de as pesquisas dizerem que a maioria votará pelo “aceita”, nada está definido.

Foto: Pablo Gramsch / Instagram: @active_grounds


Por um lado, o “apruebo” reúne intenções diversas, que vão desde exigir uma mudança no modelo neoliberal chileno até entregar mais direitos às mulheres, aos índios e às diversidades sexuais.

Alejandra Saez, uma trabalhadora independente, me disse que vai aprovar porque “se necessita uma mudança imediata, apesar de que o resultado chegue com o tempo, tomar a decisão de transformar o sistema já é um grande avanço”. “Quero que as novas regras validem o bem-estar das pessoas e não os cofres dos outros. Que não nos sintamos atacados pelo sistema”, afirmou.

Já o bioquímico Francisco Pereira me explicou que votará “apruebo” porque considera que é necessária uma “mudança drástica na atual Constituição, já que apesar de que outorga direito a serviços básicos, em nenhum momento garante o acesso a esses serviços, deixando muitos recursos principalmente nas mãos do mundo privado. Além disso, foi escrita para um contexto de desenvolvimento de país determinado muito diferente do atual, e é bastante rígida, o que dificulta que ela seja adaptada às atuais necessidades do Chile”.

Nas campanhas eleitorais, também é possível ver que muitos dos que pedem uma nova Constituição querem reformar as instituições encarregadas da segurança pública, já que, em 2019, pelo menos 30 pessoas morreram, milhares ficaram feridas e o Chile foi cenário de graves violações aos direitos humanos no marco dos protestos sociais, segundo Human Rights Watch, a ONU, entre outros. De acordo com o Instituto Nacional de Direitos Humanos, 460 pessoas sofreram lesões oculares durante as manifestações devido ao uso excessivo da força policial. Delas, pelo menos duas ficaram completamente cegas.

Por outro lado, Natalia C. (que pediu não ser identificada) aposta pelo “rechazo” porque considera que “não há necessidade de escrever uma nova Constituição inteira para realizar as reformas que o país precisa”. Nas redes sociais, as pessoas que chamam a votar por essa alternativa também dizem temer que o Chile se transforme em um país “caótico” e/ou “esquerdista”.

Além disso, muitos sinalizam que votar “apruebo” seria dar um aval à destruição de patrimônio que ocorreu no marco das mobilizações sociais. É que o metrô de Santiago, várias igrejas, ruas e estátuas foram parcialmente destruídos e/ou incendiados desde outubro de 2019, mas não há informação detalhada disponível sobre quem foram os responsáveis de cada um desses atos.

Foto: Pablo Gramsch / Instagram: @active_grounds


Muitos ainda estão indecisos. O microempresário Javier Baltra comentou que achava melhor votar nulo porque “ambas as opções estão cheias de problemas. Aprovar pode ser sinônimo de um Estado maior, e eu acho isso problemático para a economia. E rejeitar é deixar tudo como está até agora e não sei se isso é uma boa ideia”.

Além de escolher entre as opções “apruebo” ou “rechazo” uma nova Constituição, os chilenos devem votar se desejam que a eventual Carta Magna seja escrita por uma Convenção Constitucional formada por 155 constituintes eleitos ou por uma Convenção Mista de 172 membros (metade legisladores e metade cidadãos eleitos).


A LEI ATUAL


Qualquer pessoa que não conheça a história do Chile provavelmente se surpreenderá ao saber que um país como este tenha ainda uma Constituição que foi escrita na época da ditadura militar. “Nossa, mas é um país tão desenvolvido”; “como assim?”; “sério?” foram alguns dos comentários que recebi de amigos brasileiros quando contei sobre o que está acontecendo agora.


A Constituição atual foi aprovada em um questionado plebiscito realizado no dia 11 de setembro de 1980, em plena ditadura do Pinochet, quando milhões de chilenos viviam sob o medo da repressão, sem registros eleitorais e com os partidos políticos dissolvidos.
O texto foi escrito pelo advogado constitucionalista Jaime Guzmán, um dos maiores ideólogos da direita chilena, e que foi assassinado por um comando de ultraesquerda em 1991.

Ele foi escolhido por uma comissão designada pela ditadura. Posteriormente, a redação contou com a revisão e o apoio do Conselho de Estado e a Junta Militar, composta pelos máximos chefes do Exército e o diretor da polícia, que exercia como “poder legislativo”. Guzmán criou uma série de regras muito difíceis de alterar para perpetuar seu modelo econômico e político.

Como ele mesmo disse quando escrevia a Constituição, sua ideia era que, se os adversários chegassem a governar, eles se veriam “obrigados a seguir uma ação não tão distinta ao que alguém como nós gostaria (…) que a margem seja suficientemente reduzida para fazer extremamente difícil o contrário”.

Foto: Pablo Gramsch / Instagram: @active_grounds


Para realizar reformas à Carta Magna, Guzmán detalhou que é necessário alcançar um quórum de dois terços ou três quintos, segundo o caso, algo que, na prática, tem sido praticamente impossível de conseguir, porque nem o oficialismo nem a oposição conta com essa quantidade de votos.

Essa Constituição também instaurou um modelo econômico, político e social neoliberal, que se adentrou na educação e na saúde privada e um sistema de aposentadoria conhecido como AFP baseado na poupança individual e que no ano passado entregou aposentadorias pelo valor de 110.000 pesos chilenos (uns US$ 140). Esse sistema, hoje sumamente questionado pela população chilena, foi elogiado pelo Ministro de Economia do Brasil, Paulo Guedes, em várias ocasiões.

Se bem que o texto legal não estabeleça especificamente que a saúde, a educação ou o sistema de aposentadoria devam ser privados, na prática, sim, impõe princípios que limitam a ação do Estado e promove a atividade privada nesses setores. Por exemplo: não existe no Chile nenhuma universidade que seja gratuita.

Segundo analistas, a Constituição atual também é hierárquica e desconecta a cidadania do poder político, porque não inclui muitos mecanismos de participação.

Ao longo da sua história, sofreu duas modificações: a primeira, em 1989, ano do fim da ditadura, quando foi derrogado um artigo que declarava “ilícitos” a grupos que realizassem “violência ou uma concepção da sociedade do Estado ou da ordem jurídica de caráter totalitário ou fundada na luta de classes”. Outra, em 2005, quando depois de um grande acordo político o presidente socialista Ricardo Lagos conseguiu alterar outros aspectos, como que os comandantes em chefe das Forças Armadas passassem a estar subordinados ao poder civil, e a eliminação de senadores designados e vitalícios. Isto permitiu que em 2006 (há 14 anos!) o Senado fosse totalmente conformado por membros de eleição popular.

Agora, se a opção “apruebo” ganhar o plebiscito, o texto não só será modificado: a sociedade poderá dar adeus à chamada “Constituição do Pinochet”. Sem dúvidas, uma decisão histórica.

Veja também: Chileno preso no RIR: desembargador reconhece ilegalidade da prisão

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Bolívia

Veja a tradução da declaração de Evo Morales

Declaração de Evo Morales, ex-presidente da Bolívia, dada em 18 de outubro, dia da eleição presidencial após o golpe.

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DECLARAÇÃO DE IMPRENSA DO EX-PRESIDENTE EVO MORALES
Buenos Aires, 18 de outubro de 2020

  1. Desde a cidade de Buenos Aires, neste dia histórico, domingo, acompanho nosso povo em seu compromisso com a pátria, com nossa democracia e com o futuro de nossa amada Bolívia, de exercer seu direito ao voto em meio aos acontecimentos em nosso País.
  2. Saúdo o espírito democrático e pacífico com que se desenvolve a votação.
  3. Diante de tantos rumores sobre o que vou fazer, venho declarar que a prioridade é exclusivamente a recuperação da democracia.
  4. Quero pedir a vocês que não caiam em nenhum tipo de provocação. A grande lição que nunca devemos esquecer é que violência só gera violência e que com ela todos perdemos.
  5. Por este motivo, conclamo as Forças Armadas e a Polícia a cumprirem fielmente o seu importante papel constitucional.
  6. Diante da decisão do Tribunal Supremo Eleitoral de suspender o sistema DIREPRE (Divulgação de Resultados Preliminares) para ir diretamente para a apuração oficial, informo que, felizmente, o MAS possui seu próprio sistema de controle eleitoral e que nossos delegados em cada mesa irão monitorar e registrar cada ato eleitoral.
  7. O povo também nos acompanhará nesta tarefa de compromisso com a democracia, como o fez tantas vezes, situação pela qual somos gratos.
  8. É muito importante que todas e todos os bolivianos e partidos políticos esperemos com calma para que cada um dos votos, tanto das cidades como das zonas rurais, seja levado em conta e que o resultado das eleições seja respeitado por todos.
  9. Neste domingo, no campo, nas cidades, no altiplano, nos vales, nas planícies, na Amazônia e no Chaco; em cada canto de nossa amada Bolívia e de diversos países estrangeiros, cada família e cada pessoa participará com alegria e tranquilidade na recuperação da democracia.
  10. É no futuro que todos os bolivianos, inclusive eu, nos dedicaremos à tarefa principal de consolidar a democracia, a paz e a reconstrução econômica na Bolívia.
    Viva a Bolívia!
    Evo Morales

Tradução: Ricardo Gozzi /Jornalistas Livres

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